Con la subrogación entre empresas de la gestión telefónica de atención al cliente del Canal de Isabel II, asistimos a un nuevo ejemplo de desvergüenza empresarial. Sin ninguna consideración por las personas que, con su trabajo y esfuerzo, han dado viabilidad al servicio durante veinte años, GSS Venture y Servinform dejan a ciento cincuenta y cuatro personas sin trabajo, indemnización por despido ni derecho a percepción por desempleo.
El conflicto surge, y no es la primera vez que se da en el sector del Contact Center, debido a que GSS Venture, empresa que pierde el servicio, considera que el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores ha de aplicarse, por lo que estas personas trabajadoras deben permanecer realizando su trabajo en la nueva empresa, y en esta excusa se ampara para no despedir a estas personas trabajadoras dejándolas así sin derecho a indemnización ni paro y alegando que ya no son responsables de esta plantilla.
Por otro lado, Servinform, que es la empresa que realizará el trabajo para el Canal de Isabel II a partir de ahora, indica que ya tiene cerrada la plantilla y que no procede aplicar el 44, por lo que no contratarán a quienes tanto se han esforzado hasta ahora para dar un buen servicio a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, el propio Canal de Isabel II, empresa de gestión pública, se desentiende del problema como si con ella no fuera el asunto, aportando aún más incertidumbre a un colectivo de gente que ha sido su voz durante veinte años.
Dado que ninguna de las dos empresas está dispuesta a empezar conversaciones que puedan solucionar el problema y el Canal no está dispuesto a mediar en ningún caso, desde CCOO y los demás sindicatos con representación en el servicio, hemos iniciado un calendario de movilizaciones y reuniones con los grupos progresistas de la Asamblea de Madrid para intentar forzar una solución para unas personas que, pese a no ser las culpables de la avaricia empresarial de la Comunidad de Madrid, serán las principales perjudicadas de las mismas, quedando desamparadas y sin organismo al que recurrir.
Exhortamos a ambas empresas implicadas, al Canal de Isabel II y al gobierno de la Comunidad de Madrid a realizar movimientos que garanticen a las ciento cincuenta y cuatro personas afectadas su derecho a poder vivir de los rendimientos de su trabajo en lugar de abandonarlos lavándose las manos de la situación.
