Tenemos menos policía que hace diez años. En la provincia de Alicante, los Juzgados tienen una sobrecarga del 40%. Centrándonos en nuestro sector, hemos de recordar la nefasta ORDEN MINISTERIAL DE 23 DE ABRIL DE 1997 donde se hace un regalo a los Bancos al dejar desprotegidos a empleados y clientes permitiendo el desmantelamiento sin ningún tipo de diálogo con los Sindicatos, de los medios de protección con que contábamos. Casualmente??, los dos últimos atracos, a mano armada, sufridos hace unos días en Valencia, han sido en dos oficinas que hacía pocas fechas que les habían suprimido el arco detector.
De esta Orden Ministerial emanan unos medios que son burlados de manera patética por cualquier desaprensivo. Ni los sistemas de control de apertura de puertas a distancia, ni las cámaras de filmación, sirven para disuadir a los delincuentes que burlan estos dos sistemas que, además, no son de obligado cumplimiento en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Trasladarse desde cualquier centro turístico de masas a cualquier pueblo y volver con un sabroso botín, es cosa de menos de una hora. En una mañana se pueden cometer dos o más atracos. Han aparecido especialistas tanto en burlar las medidas de seguridad como en manipular cajas fuertes, dispensadores, etc.
Además han surgido los descuideros, nueva forma de hurtar gracias a la desafortunada configuración de nuestras oficinas abiertas al público.
Se aplica la ley que protege los fondos depositados en un banco o caja, pero se ignora, incluso por las autoridades laborales, la aplicación de la LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE. El espíritu de esta ley nos dice que debemos localizar el riesgo y eliminarlo. Si no podemos eliminarlo, debemos aislarlo y si aun así queda un riesgo residual, se debe dotar de Equipos de Protección Individual a los trabajadores.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, anterior
a la Orden Ministerial antes citada, es ignorada por ésta, dejándonos
a los empleados de Banca totalmente indefensos ante riesgos evidentes tanto
a nivel físico como psíquico que se pueden derivar de la situación
de inseguridad e indefensión en que vivimos. El BBVA, como cualquier
empresa, podría implantar medidas complementarias, pero, de hecho, amparándose
en la Orden Ministerial, está desmantelando las pocas que quedaban.
Por eso, además de la adecuación a la realidad de las plantillas
tanto policiales como judiciales, exigimos la derogación de dicha
Orden y la elaboración de una nueva (escuchando a los representantes
de los trabajadores) en la que confluyan la seguridad de los fondos depositados
en una oficina bancaria con el derecho a la integridad de los trabajadores del
sector, incluso y como es lógico, anteponiendo la seguridad personal
a la labor comercial y la custodia de bienes.
El dinero puede reponerse, la salud y la vida, no.
Seguimos trabajando, seguiremos informando
Noviembre 2004